El periódico cita fuentes socialistas, que dicen estar “preocupadísimas” por lo que el TC va a hacer con el recurso del PP contra la ley.
En un perspicaz análisis de los periodistas Julio M. Lázaro y Fernando Garea, el periódico socialista El País señala esta mañana que la estrategia del Partido Popular en relación con la ley del aborto pasa por “tumbarla” en el Tribunal Constitucional, para lo cual es indispensable que su renovación siga bloqueada:
“Aunque en julio se decidió por un solo voto que la ley no quedara en suspenso, el bloque conservador contaría ahora con la ventaja del voto del catalán Eugeni Gay, magistrado del sector progresista pero cuyo activismo católico le llevaría a votar con los conservadores para tumbar la ley.”
De esta forma, bloqueando la renovación del Constitucional, el Partido Popular se garantizaría algo que sus electores reclaman con rotundidad pero no tendría que hacer ningún gesto expreso de derogación, algo que divide al partido y que no pocos de sus dirigentes ven con preocupación ante la proximidad del dilatado período electoral que se inicia a la vuelta del verano.
Esta situación ha provocado la inquietud en las filas del PSOE, que considera esencial la renovación del TC para evitar que su ley más emblemática termine en la papelera:
“El Tribunal acordó una ‘tramitación preferente’ del recurso contra el aborto, lo que impide que se guarde en un cajón o que se ponga a la cola de los demás recursos.
En el PSOE confiesan encontrarse ‘preocupadísimos’ y fuentes parlamentarias socialistas han afirmado que la ley del aborto ‘pende de un hilo’. Nada más reincorporarse al Parlamento trabajarán de firme para intentar la renovación el próximo 7 de septiembre, tal como acordaron PSOE y PP el pasado mes de julio tras examinar a 20 candidatos.”
6 votos a 5 contra la ley
La correlación de fuerzas en contra del aborto es en estos momentos mayoritaria en el seno del Constitucional, pero la renovación de cuatro de sus miembros cambiaría este panorama:
“Sobre el papel, a favor de la constitucionalidad de la ley votarían la presidenta, María Emilia Casas, y otros cuatro magistrados del bloque progresista. En contra, los cinco magistrados del bloque conservador y el católico Eugeni Gay. El resultado sería así de 6 votos a 5 en contra de la norma, lo que supondría declarar inconstitucional la ampliación de la ley del aborto.
En el caso de que el PP aceptase cumplir su compromiso y renovase a los magistrados que designa el Senado -que hace ya casi tres años que tendrían que haber sido sustituidos- saldrán del Tribunal el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata [todos ellos contrarios a la ley del aborto]. En cambio, del bloque progresista saldrá solo la presidenta, María Emilia Casas.
Si como está previsto, de los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado acceden dos de cada sector, los conservadores saldrían perdiendo un efectivo. En el Tribunal sólo quedarían los conservadores Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y los dos nuevos designados por el Senado. Aún con el voto de Gay, quedarían en minoría y el resultado de 6-5 recaería a favor de la constitucionalidad de la ley del aborto.”
La única salida que tiene el PP para ofrecer a sus potenciales electores una derogación de facto de la ley del aborto, sin tener que llevarla a cabo directamente el partido, pasa por un bloqueo absoluto de la renovación del TC:
“En el caso de que el PP optase por bloquear la renovación, posiblemente tendría que paralizar también la de los cuatro magistrados que deben ser renovados por el Congreso y cuyo mandato termina en noviembre. Antes de noviembre es casi imposible que hubiese sentencia sobre el recurso del PP contra el aborto. Y en noviembre tendrían que dejar el Tribunal el conservador Javier Delgado, y los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Tras esa renovación, además de perder el previsible voto de Gay, los conservadores quedarían con una teórica inferioridad de siete magistrados frente a cinco. Una situación que difícilmente aceptarán los populares y más si la presidencia recae sobre un progresista.”
Qué podría alterar la estrategia del PP
Ante este panorama, el PSOE se propone lanzar una ofensiva a la vuelta de vacaciones para forzar la renovación inmediata del TC, habida cuenta además de que las elecciones generales probablemente se van a adelantar a 2011. Sin embargo los socialistas van a tropezar con una dura condición de los populares: el PP quiere un acuerdo general para la renovación de todos los cargos pendientes. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, cuya oficina está de manera provisional a cargo de la brava María Luisa Cava de Llano.
La clave reside de esta manera en el acuerdo al que pudieran llegar socialistas y populares en la negociación que se iniciará en septiembre: ¿podría resultarle rentable al PP olvidar el Constitucional a cambio del control de otros cargos?
Fuente: HazteOir
